Harvard, la primera universidad de Ivy League que desafía a Donald Trump. El pasado 14 de abril, la institución de educación superior más antigua, rica y elitista en Estados Unidos emitió una carta, firmada por su presidente, en donde rechazan expresamente la posibilidad de ceder ante las nuevas exigencias de la Administración trumpista, dinamitando un enfrentamiento directo con la Casa Blanca que le podría costar miles de millones de dólares.
La carta de la dirigencia universitaria hace referencia a una serie de demandas con la que el Gobierno estadounidense busca presionar a Harvard, y a otra decena de universidades, para transformar la conformación de su cuerpo de profesores, los estándares de aceptación y los contenidos curriculares de los cursos ofrecidos, especialmente en facultades relacionadas con el estudio de Medio Oriente o el conflicto israelí-palestino.
Ante la negativa, Trump decidió impulsar la maquinaria presidencial para imponer aún más presión en contra de Harvard, especialmente en el rubro económico. El presidente criticó duramente la postura desafiante de Harvard y amenazó con revertir el "estatus de exención de impuestos" del que goza la universidad.
«¿Quizás Harvard debería perder su estatus de exención fiscal y tributar como entidad política si sigue impulsando 'enfermedades' políticas, ideológicas y de inspiración/apoyo al terrorismo?», expresó el mandatario a través de su perfil de 'Truth Social', recordando que este régimen tributario está «totalmente supeditado a actuar en interés público».
Las amenazas de Trump se produjeron un día después de que oficiales del grupo de trabajo contra el antisemitismo de Washington – nuevo órgano para vigilar a las universidades – anunciaron la suspensión de unos 2,600 millones de dólares en subvenciones federales destinadas para Harvard; fondos que son vitales para la investigación y el desarrollo de nuevo conocimiento interdisciplinario, según argumenta la universidad.
El presidente estadounidense ha implementado la misma táctica de presión con otras universidades de élite en el país, como Columbia, Princeton, Northeastern y Cornell, pero Harvard es la primera institución que le planta cara directamente y rechaza públicamente colaborar con la agenda trumpista, abogando por la protección de las "condiciones intelectuales" de la institución.
La hostilidad de Harvard en contra de la Administración Trump se dinamitó el pasado 11 de abril, después de que miembros del departamento de Educación y demás ramas gubernamentales enviaran una solicitud escrita a la universidad para intensificar su "lucha contra el antisemitismo" y "justificar la inversión federal" en sus programas.
Entre las peticiones se encuentra reestructurar el cuerpo docente de la universidad, promoviendo académicos "comprometidos" con los objetivos del Gobierno dentro de Harvard, además de dejar atrás profesores "más comprometidos con el activismo" que con sus labores escolares.
Sobre las famosas medidas en torno a la Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), la Administración republicana exige que la universidad ponga punto final a las acciones afirmativas que faciliten la contratación de docentes, o la admisión de alumnos, pertenecientes a grupos vulnerables dentro y fuera de Estados Unidos.
Washington también requiere garantizar la "diversidad de puntos de vista" en las clases, infiriendo la inclusión de visiones conservadoras dentro de un espacio académico en donde abunda el pensamiento liberal dentro de las aulas. Sobre los alumnos internacionales, la Casa Blanca exige que Harvard modifique el sistema de admisión «para impedir la admisión de estudiantes internacionales hostiles a los valores estadounidenses».
En una medida controversial, el Gobierno trumpista pide a Harvard el prohibir el uso de mascarillas dentro del campus, argumentando que muchos de los estudiantes que participaron en las protestas estudiantiles en favor de la causa palestina la primavera del año pasado se mantuvieron en el anonimato por el uso de cubrebocas.
Harvard, que según el Gobierno tiene hasta agosto para acatar las recomendaciones, ha expresado su total negativa por cumplir con los requerimientos, señalando a la Administración Trump por no tener la intención de «abordar el antisemitismo de manera cooperativa y constructiva».
«Ningún gobierno -independientemente del partido que esté en el poder- debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir», escribió Alan Garber, presidente de Harvard, en la carta dirigida al público local y la comunidad universitaria.
El reto de Harvard contra el Gobierno estadounidense y su cruzada por "reformar" la educación superior en el país – a imagen y semejanza del imaginario trumpista – ya generó sus primeras consecuencias materiales en contra de la universidad.
Apenas horas después de que el presidente firmara la carta de rechazo, el Gobierno estadounidense anunció el congelamiento de 2,000 millones de dólares en subvenciones para Harvard. Sin embargo, la cifra real de fondos que la universidad arriesga rechazando las condiciones de Trump puede ascender hasta los 9,000 millones de dólares.
Los golpes gubernamentales no solamente se presentan en forma de congelamiento de subvenciones para la investigación, pero también en la suspensión de contratos y 'bonos' federales que Washington otorga año con año, no solo a Harvard, pero a la mayor parte de universidades estadounidenses.
En marzo, el departamento de Educación advirtió que pondría a revisión una serie de contratos por hasta 255.6 millones de dólares que el Gobierno federal otorga a Harvard y sus filiales dentro del país.
También, Trump ha mostrado una nueva herramienta de presión que no había utilizado para amenazar a ninguna institución educativa en el pasado, al menos públicamente: cambiar su régimen fiscal a uno mucho más agresivo.
Harvard – y muchas universidades – se encuentran exentas de pagar impuestos, por su gran aportación al "interés público" estadounidense. En el caso de una institución educativa, es evidente que el desarrollo científico, las investigaciones académicas y la preparación de los jóvenes estudiantes es suficiente para rellenar el requisito.
«Los economistas han estudiado y documentado ampliamente que las contribuciones caritativas deducibles de impuestos tienen un efecto masivo en el apoyo a las universidades», mencionó Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro y antiguo presidente de Harvard, para el diario estadounidense 'The New York Times'.
Aunque el presidente estadounidense pretenda cambiar el estatus tributario de Harvard, la ley estadounidense prohibe explícitamente que el titular del Poder Ejecutivo ordene "directa o indirectamente" investigaciones fiscales específicas. Algo necesario para cambiar la naturaleza fiscal de la entidad educativa.
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