La acción de gobierno de Donald Trump está demostrando que está focalizada a cubrir los intereses de los multimillonarios y las grandes corporaciones que le financiaron la campaña.
En las últimas semanas, además de las órdenes ejecutivas sobre las criptomonedas, el Departamento del Tesoro ha decidido suspender la aplicación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés) contra ciudadanos estadounidenses y grandes empresas. Esta decisión representa un retroceso significativo en la lucha global contra los delitos económicos, la corrupción y los flujos financieros ilícitos.
La CTA, aprobada con amplio apoyo bipartidista como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), fue diseñada para cerrar una laguna legal que ha permitido a las empresas fantasma facilitar el blanqueo de capitales, la evasión fiscal, la trata de personas y otras actividades ilícitas.
Los requisitos de la ley para la declaración de beneficiarios reales brindan una transparencia esencial que fortalece la seguridad nacional del país, salvaguardaba la integridad financiera y confirmaba el supuesto compromiso de Estados Unidos en la lucha contra los delitos financieros.
Suspender la aplicación de la CTA debilita los esfuerzos para exigir responsabilidades a los actores maliciosos y corre el riesgo de socavar años de progreso en materia de transparencia financiera y rendición de cuentas corporativa.
Además, indica a las partes interesadas, tanto nacionales como internacionales, que Estados Unidos se está desviando de su compromiso de combatir el uso indebido de entidades legales con fines ilícitos. Donald Trump, cuya experiencia vital demuestra que siempre se ha movido en el borde de la legalidad, o en la vulneración sistemática de las leyes, demuestra que es un analfabeto que no entiende que el sistema financiero depende de regulaciones claras y de cumplimiento obligatorio para prevenir la explotación de estructuras corporativas anónimas, y cualquier retraso o retroceso en su aplicación pone en peligro la eficacia de estas medidas.
El secreto financiero facilita la corrupción, fomenta la delincuencia transnacional y erosiona la confianza pública en la democracia. Ahora, con una oligarquía empresarial orientada sólo a la acumulación irresponsable de riqueza, se necesitan medidas enérgicas y decisivas para evitar que actores ilícitos exploten las vulnerabilidades del sistema de registro corporativo. Pero eso no se le puede pedir a Trump, porque él mismo es un estafador profesional.
Por ejemplo, en las últimas décadas, el sector de los fondos de inversión privados se ha convertido en una industria multibillonaria. Sin embargo, son vulnerables al blanqueo de capitales porque contienen una variedad de factores de riesgo estructurales que ayudan a camuflar comportamientos ilícitos.
Según un informe de FBI, la gran delincuencia (incluida la de traje, corbata o pañuelo al cuello) estaban usando «fondos de colocación privada, incluidas inversiones ofrecidas por firmas de capital privado y fondos de cobertura, para eludir los programas antiblanqueo (ALD) de otras instituciones financieras y lavar dinero».
Estados Unidos se ha convertido en el paraíso de la cleptocracia. El 54% de los casos de blanqueo en propiedades inmobiliarias se encontraban vinculados a fondos ilícitos de Latinoamérica. Según un informe del Departamento del Tesoro, «en el imaginario popular, las capitales de lavado de dinero del mundo son países pequeños con historias de leyes financieras laxas y secretas. Pero hay un buen argumento de que, en este momento, el mejor lugar para ocultar y blanquear ganancias obtenidas de forma ilícita es en realidad Estados Unidos».
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