El M23 pretende demostrar que administra las ciudades que ha tomado en el este de la República Democrática del Congo. Por ejemplo, en Bukavu, la capital de Kivu del Sur, donde se vio a niños regresar a la escuela el lunes 24 de febrero, a petición del M23. El martes, según fuentes in situ, todavía había muchos estudiantes.
El M23 también celebró su primera reunión en la ciudad de Sake, a 27 kilómetros de Goma, en Kivu del Norte. El nuevo gobernador y vicegobernador, bajo la autoridad de la rebelión, que no es reconocida por el gobierno de Kinshasa, fueron a explicar a la población convocada allí que iban a trabajar para restaurar las redes de electricidad y agua dañadas por los combates.
Mientras tanto, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Kane, llegó a Kinshasa. Dijo que estaba sumamente preocupado por la situación en el país, particularmente en el este. Y lanzó una advertencia muy clara: «Ningún grupo armado, ninguna fuerza armada, ni sus aliados, tienen cheque en blanco. Deben respetar el derecho internacional humanitario», afirmó. Karim Kane mantiene una serie de reuniones en Kinshasa con el presidente Félix Tshisekedi, con la representante especial del secretario general de la ONU, Bintou Keïta, y con miembros de la sociedad civil, incluidas las víctimas de la violencia.
La CPI ya tiene en marcha una investigación sobre las denuncias de crímenes cometidos en el este del Congo, que se abrirá en 2023 a petición del gobierno congoleño.
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, anunció la suspensión del diálogo político con Ruanda sobre cuestiones de seguridad y defensa, así como la revisión del memorando de entendimiento sobre materias primas esenciales. Se trata del primer consenso europeo desde el inicio de la crisis en la República Democrática del Congo.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico anunció la suspensión de la mayor parte de su ayuda financiera a Ruanda. En un comunicado publicado en medios oficiales, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ruanda denunció unas medidas punitivas que no contribuyen en modo alguno a una solución política duradera en el este de la República Democrática del Congo.
En esta declaración, Ruanda insiste en que el país no se beneficia en absoluto de la inestabilidad de su vecino y sigue comprometido con un proceso de mediación, «el único camino creíble hacia el fin de la violencia». En Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo ha bloqueado hasta ahora la adopción de nuevas medidas. Obtuvo de sus homólogos esperar la reunión ministerial conjunta de las Comunidades de Desarrollo de África Austral y África Oriental.
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