Los movimientos Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo convocaron protestas en al menos 18 estados, además del Distrito Federal, el martes (10.12.2024) para exigir la detención del ultraderechista Jair Bolsonaro y otras 36 personas acusadas por la Policía Federal (PF) de intento de golpe de Estado, ocurrido en 2022.
Las marchas fueron convocadas luego de haberse anunciado una violación de la confidencialidad en la investigación de la PF sobre el intento de golpe de Estado de 2022.
De acuerdo con el informe policial, el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados en la cúpula de gobierno fueron acusados el pasado jueves 21 de noviembre por la PF de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal.
Dicha acusación se enmarca en el intento de golpe de Estado en Brasil en 2022, para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de la República, tras su victoria contra el fascista Bolsonaro en las urnas en noviembre de ese año.
Entre los 37 acusados por la PF, la mayoría son militares. En la lista también Walter Braga Netto, exministro de Defensa de Brasil; Augusto Heleno, exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia; Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia; y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (ultraderecha).
Sobre el hecho ocurrido hace dos años atrás, el investigador de la Fundación Paulista, Marcos Napolitano, explicó: «Los golpistas contaban incluso con un apoyo razonable en la sociedad, pero sin apoyo institucional en las Fuerzas Armadas, los grupos políticos organizados, la prensa y el Parlamento, por lo que tuvo pocas probabilidades de prosperar. Sin embargo, eso no disminuye la gravedad del crimen cometido contra la democracia por dirigentes civiles y militares entre 2022 y principios de 2023».
Las demandas de las movilizaciones se centran en el juicio y arresto de todos los involucrados en el caso, el fin del horario de trabajo 6 por 1, la apreciación del salario mínimo y las pensiones, la anulación del 'Proyecto de Ley contra la Violación', la imposición de impuestos a los ricos y el fin del genocidio contra la población negra.
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