El fiscal de la CPI pide una orden de arresto contra el jefe de la junta militar golpista de Myanmar

El fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó el miércoles (27.11.2024) a los jueces una orden de arresto contra del general Min Aung Hlaing, líder de la junta militar que gobierna Myanmar desde el 2021, por crímenes de lesa humanidad relacionados con la deportación y persecución de la población rohingya.

Sobre el líder de la junta militar en Myanmar, acusado por crímenes de lesa humanidad contra la población rohingya, pesa ahora una orden de detención de la Corte Penal Internacional con sede en la Haya. 

El fiscal de la CPI, Karim Khan, confirmó este 27 de septiembre que su oficina le pidió a los jueces de la corte internacional, que procesa a individuos por crímenes de guerra o contra la humanidad, la emisión de una orden de arresto en contra de Min Aung Hlaing.

Para Khan, existen motivos razonables para sostener que Aún Hliang tiene responsabilidad penal por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Myanmar entre el 25 de agosto y el 31 de diciembre de 2017.

«Min Aung Hlaing es penalmente responsable de los crímenes contra la humanidad de deportación y persecución de los rohingya, cometidos en Myanmar y, en parte, en Bangladesh», dijo el fiscal a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la CPI.

La acusación está relacionada con una campaña de exterminio llevada a cabo por el Ejército, la Policía y fuerzas paramilitares en 2017 contra la localidad de Rakhine, en el oeste del territorio, hogar de una gran parte de la minoría musulmana rohingya que se encontraba en Myanmar en ese momento. La represión forzó el éxodo de unas 730,000 personas pertenecientes a esta comunidad en dirección a Bangladesh.

Por su parte, la junta militar de Myanmar rechazó las acusaciones y recordó que el país no es un Estado miembro de la CPI, según un comunicado citado por la agencia 'Reuters'.

Aunque Myanmar no es parte de los 124 Estados signatarios del Estatuto de Roma, el estatuto fundacional de la CPI, los jueces de la corte dictaminaron en 2019 que los delitos investigados se extendieron hasta el territorio de Bangladesh, que sí reconoce a la CPI, por lo que el caso tuvo 'luz verde' para continuar.

«Esta es la primera solicitud de orden de detención contra un alto cargo del Gobierno de Myanmar que presenta mi Oficina. Seguirán más», expresó el comunicado de Khan.

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El general Min Aung Hlaing, de 68 años, es el actual jefe de la junta golpista que gobierna Myanmar y que protagonizó la asonada que finalmente derribó al Gobierno democráticamente electo de Aung San Suu Kyi en 2021, acabando también con el mandato civil en el país y adquiriendo títulos políticos a la fuerza, como el de primer ministro.

El golpe de Estado liderado por Aung Hlaing hundió al país en la violencia, después de que la irrupción militar en el Gobierno dinamitara la creación de múltiples resistencias armadas que pelean, en la actualidad, por desestabilizar al régimen militar de Myanmar, caracterizado por su mano dura con la oposición política y su aversión a la democracia.

Desde 2021, al menos 5,000 ciudadanos birmanos han fallecido debido a la violencia dentro del país, más de tres millones han sido desplazados de manera forzada y otros 27,700 han sido arrestados por el régimen militar. Entre las personas que se encuentran detenidas en la actualidad está la propia Aung San Suu Kyi, que cumple una larga condena tras las rejas, calificada por la ONU como "políticamente motivada".

Antes de tener el papel protagónico en el golpe de Estado que lo llevó al poder absoluto en Myanmar, Aung Hlaing figuraba como uno de los nombres más prominentes dentro del Ejército birmano. Graduado de la academia militar en 1977, Aung Hlaing fue subiendo peldaños en la escalera militar hasta convertirse en el comandante máximo del país en 2011, una posición que no es supervisada por el Gobierno civil. Desde entonces, Aung Hlaing ha sido señalado por múltiples actores internacionales por emprender campañas militares violatorias de los derechos humanos de la población civil y minorías étnicas del país. En 2019, el Gobierno estadounidense le impuso sanciones de viaje al general birmano, alegando complicidad en violaciones a los derechos humanos en el país.

El foco principal de las acusaciones de la CPI contra el jefe de la junta militar de Myanmar se centra en la persecución y la deportación ilegal de miembros de la comunidad Rohingya, objeto de una campaña militar que ha sido descrita por Naciones Unidas como "una limpieza étnica de manual". En 2017, el Ejército birmano lanzó una violenta campaña militar en contra de la localidad de Rakhine, en respuesta a un ataque de una milicia rohingya en contra de algunos puestos militares locales.

A través de la fuerza bruta, los elementos castrenses, policiacos y hasta civiles budistas armados destruyeron aldeas completas dentro de la localidad.

En 2020, un informe de Naciones Unidas también relacionó a los atacantes con violaciones sexuales y ejecuciones masivas, además de señalar al Ejército por atacar con artillería y bombardeos a la localidad, lo que entra en la categoría de crímenes de guerra.

El acoso bélico experimentado desde 2017 provocó uno de los éxodos poblacionales más grandes en la historia reciente del mundo, con más de 730,000 rohingyas siendo obligados a salir de Myanmar en dirección al país vecino, Bangladesh, en donde tampoco terminan de ser reconocidos como ciudadanos, lo que ha llevado a esta minoría musulmana a ser la población apátrida más numerosa del mundo en la actualidad.

Como jefe del Ejército en 2017 y ahora líder del Estado birmano, Aung Hlaing es el principal señalado por orquestar la ofensiva militar que empujó a los rohingya fuera de Myanmar, además de perpetuar un esquema de persecución y deportación ilegal en su contra.