El informe final de la Policía Federal (PF) brasileña, de 884 páginas, identificó a Jair Bolsonaro (Partido Liberal, ultraderecha) como líder de una organización criminal compuesta por 37 personas. El documento detalla la implicación del expresidente en un plan que tenía como objetivo mantener su poder tras su derrota en las elecciones de 2022. Según el PF, Bolsonaro "permeó en todos los núcleos" de la organización criminal, actuando directamente sobre el núcleo de desinformación y dirigiendo ataques al sistema electoral. La investigación señala que el objetivo central de la organización era impedir la toma de posesión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, izquierda) y garantizar la continuidad del gobierno de Bolsonaro.
El informe, detallado por 'CNN Brasil', describe una red articulada en seis núcleos principales:
- Centro de Desinformación y Ataques al Sistema Electoral;
- Centro de Incitación al Personal Militar a Participar en Golpes de Estado;
- Centro Jurídico;
- Centro Operativo de Apoyo a Acciones Golpistas;
- Centro de Inteligencia Paralelo;
- Centro Operativo para el Cumplimiento de Medidas Coercitivas.
A pesar de estar directamente involucrado en la desinformación, Bolsonaro se movió por todos los ámbitos de la organización, consolidándose como el principal articulador del grupo.
Además de planear socavar la legitimidad del proceso electoral, el informe detalla intentos de asesinato contra Lula, su adjunto Geraldo Alckmin y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Estos hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2022 y enero de 2023, culminando con la invasión a la sede de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023.
Entre los 37 imputados por la PF, además de Bolsonaro, se encuentran exministros como Braga Netto (Defensa), Augusto Heleno (GSI) y Anderson Torres (Justicia). Otros nombres incluyen al diputado federal Alexandre Ramagem (PL-Río de Janeiro), ex director de Abin, y al presidente del PL, Valdemar Costa Neto. El ex ayudante de campo de Bolsonaro, Mauro Cid, también está en la lista.
Los investigados fueron imputados por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal. La Policía Federal describió al grupo como una estructura organizada con división de tareas, lo que permitió una operación coordinada contra las instituciones democráticas.
El informe fue entregado al ministro Alexandre de Moraes, quien lo remitirá a la Procuraduría General de la República (PGR). Corresponderá al fiscal general, Paulo Gonet, decidir si formalizar una denuncia ante el STF, solicitar nuevas medidas o cerrar el caso.
Gonet ya señaló que el análisis del documento será detallado y que una posible denuncia recién se presentará en 2025. La decisión refleja el cuidado de la PGR en estructurar un caso sólido en un contexto de alta repercusión nacional e internacional.
Bolsonaro se pronunció a través de sus redes sociales criticando la conducción de la investigación. «El ministro Alexandre de Moraes lleva a cabo toda la investigación, ajusta declaraciones, detiene sin quejas y realiza pesca de pruebas», escribió el ex presidente, que espera que su defensa se pronuncie oficialmente.
Las acusaciones profundizan los desafíos políticos de Bolsonaro, ya inelegible por decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE). La posibilidad de una denuncia penal formal en 2025 pone en riesgo su liderazgo en el campo ultraderechista y sus aspiraciones para 2026.
El caso también marca una prueba para las instituciones democráticas brasileñas, que enfrentan el desafío de responsabilizar a los involucrados en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país.
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