Arabia Saudita tiene ahora un historial dramático: más de 100 extranjeros fueron ejecutados en el reino en 2024, según un recuento de la 'Agence France-Presse' basado en anuncios oficiales. Si se suman los prisioneros saudíes, la cifra aumenta a casi 300 ejecuciones sólo este año.
Para Moussa Saleh, fue una condena por tráfico de drogas lo que le llevó al cadalso. Este ciudadano yemení se convirtió en el extranjero número 101 ejecutado desde principios de año tras su muerte el sábado 16 de noviembre en Najran (sur). Si bien esta cifra aumentó a 34 en 2023, al igual que en 2022, «se trata del mayor número de ejecuciones de extranjeros en un solo año», denunció a la 'AFP' Taha al-Hajji, el responsable saudí de una organización de derechos humanos con sede en Berlín (ESOHR).
Eran yemeníes, pero también paquistaníes, sirios, nigerianos, egipcios, jordanos y etíopes, entre otros, y en su mayoría condenados por casos de drogas. Si tantos extranjeros son ejecutados es porque «a menudo son explotados por los grandes narcotraficantes que se aprovechan de su vulnerabilidad», explica Hajji. «Sufren una serie de violaciones de derechos humanos, desde su detención hasta su ejecución», añade.
La pena de muerte aplicada por Riad es frecuentemente señalada en contraste con los esfuerzos desplegados por el reino para presentar una cara moderna y reformista a nivel internacional. Mohammed Ben Salman, príncipe heredero y líder de Arabia Saudita, aseguró en una entrevista a la revista estadounidense 'The Atlantic' en 2022 que su país había eliminado la pena de muerte. Esto es con excepción de delincuentes o individuos que ponen vidas en peligro.
Pero eso fue antes de que el Reino decretara el fin de la moratoria de las ejecuciones vinculadas al tráfico de drogas. Al año siguiente, Arabia Saudita se unió al trío de países que ejecutan a más prisioneros en el mundo, junto con China e Irán.
En total, la 'Agence France-Presse' contabiliza 274 ejecuciones este año, incluidos prisioneros sauditas. Un informe que denuncian las asociaciones defensoras de los derechos humanos. 'Amnistía Internacional' acusa al régimen de utilizar la pena de muerte para amordazar la disidencia política. Por ejemplo, las condenas por terrorismo, que se producen después de un juicio simulado, a menudo ocultan una simple participación en una manifestación antigubernamental.
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