La ofensiva de Israel en Gaza «es consistente con las características de un genocidio», según un nuevo informe publicado por el Comité Especial de la ONU encargado de investigar las prácticas israelíes.
Establecido en 1968, el comité también denuncia que Israel está «utilizando la hambruna como método de guerra e infligiendo un castigo colectivo a la población palestina» en el conflicto, que dura ya 13 meses, y está aplicando un sistema de apartheid en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental.
Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva criminal israelí en Gaza ha matado al menos a 43,736 palestinos y herido a 103,370, según informó el jueves (14.11.2024) el Ministerio de Sanidad de la Franja.
El Comité se suma a las voces de la Corte Internacional de Justicia que está investigando la denuncia presentada por Sudáfrica y ha ordenado a Israel que adopte medidas provisionales para evitar que se produzca un genocidio y a la de numerosos expertos internacionales.
El informe, que se presentó a la Asamblea General el 18 de noviembre, denuncia que Israel está causando «bajas masivas entre los civiles y condiciones que amenazan la vida impuesta intencionalmente a los palestinos allí».
«Desde el inicio de la guerra, los funcionarios israelíes han apoyado públicamente políticas que despojan a los palestinos de las necesidades básicas para sustentar la vida: comida, agua y combustible», afirmó el Comité. «Estas declaraciones, junto con la interferencia sistemática e ilegal en la ayuda humanitaria, dejan claro que Israel tiene la intención de instrumentalizar los suministros con fines políticos y militares».
El informe, que abarca el período desde octubre de 2023 hasta julio de 2024, se enfoca en el impacto catastrófico de la actual ofensiva criminal en Gaza sobre los derechos de los palestinos.
«A través de su sitio sobre Gaza, la obstrucción de la ayuda humanitaria, junto con los ataques dirigidos y la muerte de civiles y trabajadores humanitarios, a pesar de los reiterados llamados de la ONU, las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad, Israel está causando intencionalmente muertes, hambre y lesiones graves, utilizando el hambre como un método de guerra e infligiendo castigo colectivo sobre la población palestina», afirma el Comité.
El informe documenta cómo para principios de 2024, más de 25,000 toneladas de explosivos—equivalente a dos bombas nucleares—habían sido lanzadas sobre Gaza, causando una destrucción masiva. «Al destruir sistemas vitales de agua, saneamiento y alimentos, y contaminar el medio ambiente, Israel ha creado una mezcla letal de crisis que causará un daño grave a generaciones futuras», advierte.
Los miembros del Comité, procedentes de Sri Lanka, Malasia y Senegal, además expresan serias preocupaciones sobre el uso por parte del ejército israelí «de puntería asistida por Inteligencia Artificial, con una supervisión humana mínima», que, combinado con bombas pesadas, «subraya el desprecio de Israel por su obligación de distinguir entre civiles y combatientes y tomar las medidas adecuadas para prevenir muertes civiles».
Además, denuncia la creciente censura mediática, la represión de la disidencia y la persecución de periodistas por parte de Israel como «esfuerzos deliberados para bloquear la información». También destaca cómo las redes sociales eliminaron desproporcionadamente contenido pro-palestino en comparación con las publicaciones que incitan a la violencia contra los palestinos.
El Comité condena la campaña de difamación en curso y otros ataques contra la UNRWA y las Naciones Unidas.
«Este silenciamiento deliberado de los reportes, combinado con la desinformación y los ataques a los trabajadores humanitarios, es una estrategia clara para socavar el trabajo vital de la ONU, cortar la línea de ayuda que aún llega a Gaza y desmantelar el orden legal internacional», afirma el Comité.
Los expertos consideran que «las múltiples violaciones del derecho internacional cometidas por Israel en su guerra contra Gaza, su sistema de injusticia y apartheid en la Cisjordania ocupada, en el contexto más amplio del proceso de ocupación y anexión de los territorios palestinos y del Golán sirio que lleva adelante desde hace décadas, y su continuo incumplimiento de las resoluciones vinculantes del Consejo de Seguridad y las providencias de la Corte Internacional de Justicia debilitan gravemente el sistema internacional basado en normas».
A esto se suma «que otros Estados no estén dispuestos a exigir cuentas a Israel y sigan prestándole apoyo militar y de otro tipo».
Por ello, piden a todos los Estados Miembros cumplir con sus obligaciones legales y «detener el apoyo al asalto a Gaza y al sistema de apartheid en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este», afirma.
«El cumplimiento del derecho internacional y la garantía de responsabilidad por las violaciones recae directamente en los Estados Miembros. No cumplir con ello debilita el núcleo mismo del sistema legal internacional y establece un precedente peligroso, permitiendo que las atrocidades queden impunes», añade.
La Oficina de Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados ha pedido a Israel que ponga fin de inmediato a sus planes ilegales de desalojar a todo un barrio palestino en el corazón de Jerusalén. Tras una demolición masiva la semana pasada, el miércoles las fuerzas de seguridad israelíes demolieron el centro comunitario de la Asociación Al Bustan.
Tres palestinos, incluidos un niño y una mujer embarazada, fueron desplazados, elevando a 68 el número total de desplazados desde enero de 2024. Otras cien estructuras, que albergan a 1,500 palestinos, están bajo amenaza inminente de demolición, mientras Israel avanza con un plan para reemplazar el vecindario con un proyecto de asentamiento. «Esta medida está diseñada para llevar al traslado forzoso de toda la comunidad», ha dicho la Oficina.
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