Según un documento emitido por la fiscalía venezolana, la solicitud de captura internacional contra el líder opositor Edmundo González Urrutia se basa en acusaciones de «usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación», entre otros delitos. Estos cargos son los mismos que lo llevaron a exiliarse en España el 8 de septiembre, tras una orden de captura nacional.
González Urrutia, quien se considera legítimo ganador de los comicios, ha denunciado esta persecución como parte de una estrategia para silenciar a la oposición en Venezuela.
«La solicitud de alerta roja es otro paso en la sistemática campaña de ataques en mi contra», señaló el opositor desde su exilio en un mensaje en 'X', donde compartió una copia del documento judicial.
Las medidas judiciales contra la oposición no se detienen con González Urrutia. La Fiscalía también abrió una investigación contra la líder opositora María Corina Machado, quien pasó a la clandestinidad después de denunciar un supuesto fraude en las elecciones de julio.
Machado es acusada de haber "forjado" actas de votación difundidas en un sitio web, presentadas como prueba de su victoria en los comicios.
El excandidato presidencial Enrique Márquez solicitó una audiencia con el fiscal general para discutir la situación de los considerados "presos políticos", muchos de los cuales fueron arrestados durante las protestas poselectorales. Márquez, respaldado por diversas figuras opositoras, entregó una carta en la que expresa su "preocupación" por el estado de los detenidos, especialmente menores de edad.
Según la ONG Foro Penal, tras las elecciones de julio, un total de 1,958 personas han sido arrestadas por razones políticas, entre ellas 69 adolescentes de entre 14 y 17 años. Márquez hizo hincapié en la necesidad de liberar a estos jóvenes, quienes actualmente se encuentran en cárceles comunes. «Nosotros consideramos que se tiene que hacer justicia a través de su libertad», afirmó el dirigente en un video difundido en redes sociales.
Además de la gestión de Márquez, una veintena de personas se dirigieron directamente al presidente Nicolás Maduro para solicitar una "medida de gracia" que otorgue la libertad plena e inmediata a sus familiares, detenidos durante las protestas que siguieron a los resultados electorales.
Las manifestaciones, que se desataron tras la proclamación de la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato, dejaron un saldo de 27 muertos y más de 2,400 personas detenidas, según cifras oficiales.
A pesar de los llamados de clemencia y las denuncias sobre la detención de menores, el fiscal general Saab ha negado la existencia de niños en prisión. No obstante, las organizaciones de derechos humanos y los líderes opositores continúan insistiendo en que se respeten los derechos humanos y se ponga fin a las detenciones arbitrarias.
• Fuentes: AFP, Agencia EFE, France24 Español.
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